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Resumen del Derecho Internacional Privado

 

Definir derecho Internacional Privado

Se encarga de resolver los conflictos de Ley entre los Estados. Es la relación que existe entre un elemento extranjero y el Estado El Derecho internacional privado es aquella rama del Derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacionales; conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esta rama del Derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos de jurisdicción o de ley aplicable, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y que derecho debe ser aplicado. En algunos países a esta rama del derecho se le conoce como Derecho Civil Internacional.

Cabe recalcar que el Derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente determina la norma o ley de qué país se debe utilizar en la solución de conflictos internacionales, así como el juez que resolverá esta controversia (Posición Normativista). Modernamente la doctrina está cambiando hacia una posición sustancialista, en donde dentro del DIPr se incluyen Normas que resuelven directamente los casos que se puedan plantear, y centra el estudio de esta rama del derecho, no ya en la «Norma indirecta o de conflicto» sino en las relaciones Jurídicas Privadas Internacionales que es donde realmente radican las controversias de las que se hará cargo el Derecho Privado Internacional. Trata también temas de gran importancia sobre las relaciones jurídicas entre los estados. En este orden de cosas, regula el exequátur y la extradición.

El Estado: Es una comunidad social, más o menos numerosa, con una organización gubernativa propia e independiente de toda otra comunidad y asentada sobre un territorio propio.

Por tanto, lo esencial a la idea de Estado es la posesión de una organización gubernativa propia y la independencia de esta de toda otra comunidad.

Fines del Estado: La finalidad esencial del Estado es la organización de un gobierno que garantice la integridad y seguridad de la comunidad frente a las comunidades exteriores y la paz, el orden y la justicia en el interior para otros, el Estado ha nacido para todo eso, pero, además para garantizar a los asociados el desenvolvimiento libre de toda su facultades y actividades licitas, sin más limitaciones o restricciones que aquellas que sean estrictamente necesarias para que el gobierno pueda mantener la seguridad y el orden; y el ejercicio de las mismas facultades por los demás asociados.

Origen del Estado: La historia nos enseña que los Estados han nacido de dos modos distintos, pero siempre sobre la base de una comunidad que por el hecho de una larga convivencia sobre un mismo territorio o por la fuerza unitiva de una cultura común, han llegado a adquirir una conciencia común de sus necesidades materiales y espirituales y sobre todo una voluntad de unión y cooperación para la conquista de un mejor futuro.

El primer modo es el de una comunidad que, por un lento proceso de espontanea organización jurídica, llega en un momento dado, a darse cuenta de que todo ese orden jurídico se ha ido jerarquizando, hasta culminar en la constitución de un centro de autoridad que todos los asociados, sin necesidad de mutuo acuerdo, aunque a veces mediante la confirmación de ese Estado de cosas por medio de un acuerdo más o menos explicito, llegan a considerar como la base de la organización jurídica.

Nación: muchas veces se habla de nación y de estado, como si fuera la misma cosa. No lo son, sin embargo, la nación es el conglomerado popular que se forma naturalmente y que por fuerza de la convivencia sobre un territorio determinado, y llega adquirir imperativamente, como condición sobrevivir y mantenerse una obligada solidaridad social.

Estado y Gobierno: Designa claramente cosas diferentes pero inseparables. El Estado es la comunidad política que posee una organización gubernativa propia e independiente sin gobierno.

Debemos analizar el derecho nacional y el público, antes de tocar lo relativo al derecho inter. privado, en cuanto al primero el conjunto de normas y principios que con carácter jurídico rige relaciones entre los Estados con una cobertura externa, lo que lo distingue del derecho nacional, el cual se ocupara de regir las relaciones que con carácter privado se presentan entre los particulares dentro de la habitad territorial de un determinado Estado con su aplicación de acuerdo a la Ley es territorial, y no surtirá efecto más allá de la frontera del país x por el hecho de que su interés es meramente interno, por ejemplo: en los casos de divorcio, de las actas de nacimiento, de los aspectos sucesorales entre otros, esta situación lo va a distinguir claramente del Derecho Internacional Publico, el cual persigue un interés general de todos los que conforman como individuo una determinadasociedad, pues su objetivo es resolver los conflictos que pudieren presentarse entre los Estados, lo que es de interés general, no particular. Por ejemplo: cuando se presenta un conflicto fronterizo.

Sin lugar a dudas luego de delimitar estos conceptos se puede visualizar la importancia del Estado en las relaciones interacciones y para ello se tomo como punto de partida los elementos constitutivos del Estado, ya tratados en tema anterior para que pueda formar parte del Derecho Internacional.

Es por ello que el Estado es considerado como la persona moral por excelencia que puede dar lugar a otras personas morales y por ende el Estado como los individuos están sujetos a derechos y obligaciones precisamente partiendo de este criterio último es que se indica que todos los Estados son iguales en cuanto a sus derechos y obligaciones, establecido en el Código de Derecho Internacional Privado como normas imperativas para todos los Estados en igualdad de condiciones.

Sin embargo, históricamente a través de los tiempos a quedado demostrado que los Estados más fuertes siempre se imponen con los mas débiles, lo que contribuye a mantener subdesarrollo de los Estados de dependencia.

En cuanto al Derecho Internacional ha sido definido como una rama del derecho público que tiene como objetivo determinar la nacionalidad de los individuos, los derechos que disfrutaran los extranjeros, resolver los conflictos de leyes y la aplicación de las reglas de derecho.

Para otros autores se define como el conjunto de los principios y normas destinados a regular y resolver los conflictos de leyes que pudieren presentarse entre dos Estados con motivo de soberanía e intereses privados diferentes.

Objeto del Derecho Internacional Privado: Entre esos objetos podemos señalar o determinar la nacionalidad de los individuos. La Nacionalidad constituye el vinculo jurídico político que relaciona a los individuos con el Estado es precisamente que hemos señalado que el individuo al igual que el Estado — en nacionalidad de origen la cual se adquiere por el simple hecho de nacer y la nacionalidad adquirida que se obtiene cuando una persona decide renunciar a la nacionalidad de origen para obtener la nacionalidad adquirida.

La nacionalidad representa un rol importante en cuanto a los derechos del extranjero, pues lleva a determinar quien es extranjero o no. Desde el punto de vista de los derechos privados, públicos y políticos.

En principio tendrá derecho el extranjero a los privados y públicos, salvo las excusiones de Ley, cono son: ejemplo: derecho político de elegir y ser elegido que solamente es para ciudadano dominicano mayor de edad

Conflicto de leyes: Este tercer objetivo del Derecho Internacional Privado constituye su objetivo principal, resolver los conflictos de leyes que se presentan entre los Estados, presentados en la dispanidad legislativa, que trae como consecuencia choques legislativo, ejemplo: lo que es el fondo en determinado Estado podría ser la forma de otro Estado, lo que lleva a conflictos de leyes.

Meta del Derecho Internacional Privado: Tiene como meta la investigación de conflictos de leyes, situación que ha llevado a la formación de normas jurídicas, comunes y generales de los Estados para evitar que surjan conflictos y leyes, solucionando que se presenten determinados momentos en los Estados.

El Derecho Internacional Privado. Rompe con el criterio interno y se relaciona con lo externo, aplicando principios y normas generales, que pudieren converger entre los Estados pero son solucionados en los acuerdos internacionales.

Aplicación de la regla general de derecho: Prevé reglas de constreñimiento para los estados que violan tales normas y principios, que son establecidos entre los Estados, establecido en el Código de Derecho Internacional Privado, Editado en cuba en 1928, donde se le dio el nombre de Código Bustamante, donde existían los organismos que aplicaban estas normas. Ejemplo: la ONU, OEA, ETC.

El poder del Derecho Internacional Público en su poder coercitivo es mas regido que el Derecho Internacional privado, el cual dicen los autores que es ficticio, y que se aplica bajo situación que favorezca a los grandes Estados.

Marco teórico sobre el Derecho Internacional Privado

Concepto derecho internacional público: Se define como el conjunto de normas consuetudinaria o contractuales destinada a Reglamentar las relaciones internacionales entre sujeto internacional.

La Comunidad Internacional: En toda comunidad estatal, son las relaciones entre los miembros particulares que la conforman, dentro del marco teórico suyo, están regulados por las mismas leyes, que emanan de órgano centralizado o un poder del mismo estado.

Objeto del Derecho Internacional Privado: Es una disciplina vinculada a distintas doctrina o sistemas. En efecto, en lo llamado Doctrina Francesa la materia objeto de estudio del derecho internacional Privado son:

  • a) Nacionalidad

  • b) Condición de los extranjeros

  • c) Conflictos de leyes

  • d) Conflictos de jurisdicciones

Lugar del Derecho Internacional Privado: Ocupa un lugar preponderante, ya que con este se abren las fronteras desde la antigüedad para un nuevo derecho, a través del intercambio de productos y mercancías entre unos y otros pueblos, países, continentes que dan paso a relaciones internacionales de comercio, leyes y jurisdicción.

Fuentes del derecho Internacional Privado: La Ley, La Jurisprudencia, La Costumbre y La Doctrina

  • a) La Ley: como fuente del derecho internacional privado, señala que las legislaciones de diferentes países contienen una serie de reglas concerniente al derecho internacional privado.

  • b) La Jurisprudencia: es la opinión o criterio omitido por los jueces en su decisión sobre una cuestión, legal tiene una importancia determinante en las soluciones a tomar sobre cuestiones análogas en lo futuro.

  • c) La Costumbre: como fuente del derecho se la comprende como reglas creadas en la práctica de una comunidad de modo continuo o reiterado y a cuya observancia se la otorga carácter de obligatoriedad y carácter jurídico.

  • d) La Doctrina: se debe entender por doctrina las opiniones en su conjunto de los más clasificados tratadistas en la ciencia del derecho en este caso en derecho internacional privado

Diferencia entre Derecho Internacional Público y Derecho Internacional: La diferencia consiste, en que las fuentes del derechoInternacional Público son únicamente internacionales los tratados y las costumbres internacionales, mientras que el derecho internacional privado, tiene dos clases de fuentes esencialmente nacionales y fuentes internacionales.

Evolución histórica del Derecho Internacional Privado: Fue a partir del siglo XVIV donde se reconoce el Derecho Internacional Privado. Desde la antigüedad, la religión, la relación o absorción por la conquista entre los pueblos, la vinculación mercantil, la imposición de leyes a todo elemento extraño a la nación, los tratados y el patrocinio de los extranjeros, también la próxima, van caracterizando la evolución del D. I. P., pues des entonces, algunas de esas instituciones ceden derecho a los ciudadanos y nacionales, además contenían accesionalmente normas especiales de derecho privado internacional, señalaban el derecho aplicable, abordaban la competencia judicial, el procedimiento e incluso la ley aplicable.

Definición de Nacionalidad: Es la institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral con el estado.

Según el Artículo 18, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Nacionalidad: Son dominicanas y dominicanos:

1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; 4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas; 5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley; 6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior; 7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

Párrafo.- Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración.

Concepto de Ciudadanía: Es el conjunto de derechos políticos que pueden disfrutar los nacionales.

Según el Artículo 21, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Adquisición de la ciudadanía: Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía.

Diferencia entre Nacionalidad y Ciudadanía: La diferencia es que en la nacionalidad no existe forzosamente un lazo político ya que existen personas físicas menores y en la ciudadanía existe ese lazo político que pueden disfrutar los nacionales.

Personas Física del Derecho Internacional Privado: Son las personas susceptibles de poseer una nacionalidad.

Personas Morales del Derecho Internacional Privado: Son personas jurídicas en el sentido de que disfrutan de derechos y a las que se le extiende la noción de nacionalidad.

Reglas para obtener la Nacionalidad:

  • 1. Nadie debe carecer de nacionalidad.

  • 2. Nadie puede tener simultáneamente dos nacionalidades

  • 3. La renuncia pura y simple no basta para perderla.

  • 4. Cada año tiene el derecho de cambiar de nacionalidad

  • 5. La nacionalidad de origen no puede transmitirse indefinidamente de generación establecida en el extranjero

La Naturalización: La naturalización se puede considerar como la adquisición jurídica de una nueva nacionalidad. El fundamento de la naturalización lo es la voluntad.

Según el Artículo 19, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Naturalización: Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley, no pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su Estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las personas naturalizadas La Doble Ciudadanía: Es el vínculo jurídico de derechos por la que puede gozar un ciudadano. La doble ciudadanía se adquiere por su naturalización, por su matrimonio y por su opción.

Según el Artículo 20, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Doble nacionalidad: Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana.

Párrafo.- Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida.

Conflictos de la Doble Ciudadanía: Esta puede ocasionar conflictos con las obligaciones militares, la protección diplomática, la aplicación de leyes de una y otra nacionalidad.

Diferentes Doctrinas en Materia de Nacionalidad: Niboyet, La nacionalidad es el vínculo político y jurídico que relaciona un individuo con un Estado Wess, es el vínculo contractual que une al Estado con cada uno de sus miembros.

Batiffol, es la pertenencia jurídica de una persona a la población Lucio Moreno Q. es el vinculo jurídico contractual que unen a una persona con determinado Estado.

Sujetos de calidad nacional en Derecho Internacional Privado: Estos sujetos no son más que las personas físicas y las personas morales.

Diferentes sistemas de adquisición de la Nacionalidad: Se conocen tres que son:

  • 1. El Jus Sanguinis, que se termina por su filiación

  • 2. El Jus Solis, determinado por el lugar de nacimiento

  • 3. El Mixto, que es una combinación de ambas

Naturalización Ordinaria, Individual y Privilegiada: Ordinaria: Es la que se formula mediante declaración expresa declinando la naturalización ex oficio, por las personas que reúnes determinada condiciones contempladas por la ley (tiempo de residencia, posesión de bienes, matrimonio con un nacional, hijos nacidos en el territorio nacional, etc.). Individual: Es cuando esta opera en virtud de solicitud expresa del interesado Privilegiada: Es la que otorga el presente por decreto, a aquellos extranjeros que a su juicio sean merecedores de la dispensa, por haber prestado servicios a la República (Art. 19 ley 169-14 sobre Naturalización).

Tratados Internacionales suscritos por República Dominicana en materia de Nacionalidad:

  • 1. La Convención de Montevideo sobre Nacionalidad del 28 de Diciembre del 1933

  • 2. La Convención sobre la Nacionalidad sobre la Mujer Casada de Febrerote 1957

  • 3. El Convenio de Doble Nacionalidad entre República Dominicana y España del 15 de Mayo del 1968

Perdida de la Nacionalidad: Los derechos de nacionalidad se pierden por, condenación irrevocable, por traición, por espionaje o conspiración contra República, o por tomar las armas y prestar ayuda y participar en cualquier atentado contra ella.

Readquisición de la Nacionalidad: Se podrá readquirir la Nacionalidad Dominicana en el caso que señala la ley de Nacionalización ley 1683, siempre que la implicada una declaración en tal sentido en la Secretaria de Estado de lo Interior y al mismo tiempo fije su residencia en el país, sino la ha hecho antes. (ART. 22 ley 1682).

Prueba de la Nacionalidad Dominicana: La prueba fehaciente de la Nacionalidad Dominicana es el documento que lo identifica como dominicano que se conoce como Cédula de Identificación Personal y Electoral (ley 6125 del primero de Enero del 1963 sobre la Cédula de Identificación Personal).

Logros con las Reformas Constitucionales en materia de Nacionalidad y Ciudadanía: Los únicos cambios o logros alcanzados a través de la Reformas Constitucionales en esta materia son, los referidos en el párrafo 4 que autoriza la doble Nacionalidad y prohíbe a quienes adquieren otra Nacionalidad optar por la Presidencia o Vise Presidencia de la República.

Importancia del Derecho Internacional Privado: Tiene una importancia trascendental, ya que a través del mismo se han ido estableciendo sistema adecuados a las épocas en todo lo que concierne a lo que son los objetos de sus estudios, Nacionalidad: condición de los extranjeros, conflictos de leyes, conflictos de jurisdicciones, haciendo posible las relaciones entre estados, con objetivos, objetos y sujetos específicos que le distinguen. Estaban regidos por el derecho de albinaje, donde no tenían ningún derecho y no podían testar a favor de sus hijos, pero a partir de la revolución del 1789, este derecho de albinaje y otras limitaciones fueron abolidas o sustituidas.

Evolución del Derecho Internacional Privado a partir del Siglo XIX: A partir del siglo XIX este derecho desde su punto de vista doctrinario y legislativo, obtiene un mayor desarrollo en todos los países adquiriendo conforme al desarrollo histórico de cada uno de ellas un carácter particular. La condición jurídica del extranjero mejora notablemente en disposiciones legislativas, como resultado del crecimiento de las relaciones privadas internacionales que generan los intercambios económicos de la industria y el transporte, ¿Cómo se prueba la Nacionalidad Dominicana? De conformidad con la ley sobre cédula de identidad personal, todo dominicano desde la edad de 16 años en adelante debe de estar provisto de un documento que la identifique denominado Cedula de Identidad o con el Acta de Nacimiento.

Nacionalidad de las Personas Morales o Jurídicas: Algunos países aunque engloban en el concepto de persona jurídica a las sociedades, asociaciones y fundaciones someten a esta o régimen diferentes las sociedades plantean problemas en el orden esencialmente económico y las asociaciones y las fundaciones más bien ponen en juego planteamientos políticos.

Para determinar la nacionalidad debemos de vincular el concepto de nacionalidad misma. Porque hay autores que niegan su personalidad y otros la afirman.

Determinar la Nacionalidad de las Personas Morales: Para determinar si las personas morales poseen o no una nacionalidad ha estado vinculada al concepto que se ha establecido de la institución misma de la nacionalidad. Hay autores que niegan atribuir a las personas morales nacionalidad basan su tesis en un análisis comparativo que tiene como patrón a las personas físicas, destacando que la nacionalidad como elemento característico de la población de un Estado únicamente es inherente a los individuos. En cambio, quienes admiten a las personas morales le es atribuible la noción de nacionalidad no se aferran de este criterio y la conciben como una manifestación de la actividad de los integrantes de la población.

Nacionalidad de Buques y Aeronaves: Están suscitan al igual que las personas morales una división de la doctrina. Una consiente la realización y otra la admiten. Tanto la legislación nacional, como la internacional al igual que en el caso de las personas morales han admitido que los busques y aeronaves poseen nacionalidad. Sin embargo la nacionalidad se traduce en vinculo jurídico y compete a los Estados otórgala. Según la convención sobre aviación civil internacional establece «»las aeronaves tendrán la nacionalidad del Estado en que estén matriculadas y ninguna aeronave podrá matricularse legalmente en más de un Estado contratante.;»» Según el art. 274 de Cód. De Bustamante «»La nacionalidad de las naves se prueba por la patenta de navegación y la certificación de registro. Criterios utilizados en República Dominicana para la Nacionalidad de las Personas Morales. Una vez admitida la idea de atribuir la noción de la nacionalidad a las personas morales cabe determinar los criterios tales:

  • 1. Criterio de Constitución o Incorporación. Conforme a este criterio tienen las personas morales nacionalidad del Estado bajo cuyas leyes beneficio que otorgan a las personas morales conservar el beneficio de la ley del Estado de que deriva su personalidad y protección diplomático.

  • 2. Criterio de Nacionalidad de los Socios. Según este la nacionalidad estará fijada por la de los asociados por la mayoría de los socios.

  • 3. Criterio de la Autorización. Se adquiere la nacionalidad gracias a un acto administrativo de autorización.

  • 4. Criterio del lugar de Explotación o principal Establecimiento. La nacionalidad será del país donde tiene lugar la explotación.

  • 5. Criterio del Domicilio o Sede Social. Será la del país del domicilio social considerando este como el lugar donde se ejerce, la dirección de la sociedad o residen los órganos jurídicos de la sociedad.

Condición Jurídica de los Extranjeros en República Dominicana: La condición jurídica de los extranjeros se entiende el conjunto de derechos y deberes de los que gozan en cada país. El régimen de los extranjeros están determinado por la normas del derecho interno de los Estados tomando en cuenta los compromisos internacionales de estos últimos cada Estados regula el régimen jurídico de los extranjeros en su territorio conforme a su conveniencia e intereses. Tres categorías regulan el régimen jurídico de los extranjeros en la Rep. Dom.

  • 1. La Constitución.

  • 2. Las Leyes.

  • 3. Los Tratados Internacionales.

Entrada y permanencia de Extranjeros en República Dominicana: Esta regida por la ley de inmigración No. 95 de fecha 14 de abril 1939 y el reglamento de inmigración del 12 de mayo de 1939. En los instrumentos legales se hace una clasificación de los extranjeros

  • 1. Inmigrantes.

  • 2. Y no Inmigrantes

Algunos tratados suscritos por República Dominicana, en Materia de Régimen de Extranjeros

  • 1. Convención sobre condición de extranjeros, la Habana

  • 2. Convención sobre derechos y deberes de los Estados, Montevideo, 1933.

  • 3. Tratado Americano de soluciones pacificas «Pacto Bogota»»

Conflictos de Leyes. Evolución Histórica: Las teorías en conflictos de leyes tienen su origen en Italia, en la Edad Media, surgen cuando existen puntos de conexión que vinculan una relación jurídica de dos o más estados. En la Edad Media, la teoría de los estatutos tuvo enorme influencia en el Derecho Internacional Privado y se dividía en tres tendencias: la escuela Italiana, la Holandesa y la Francesa. A su vez la Escuela Italiana comprende dos fases: l de los Glosadores y la de los Postelosadores. La Escuela de los Glosadores fue fundada en Bolonia por Inerio. La Escuela de los Posteglosadores dada de los siglos XIV al XVII.

Teorías en materia de Conflictos de Leyes: Los conflictos de leyes surgen cuando existen puntos de conexión que vinculan una relación jurídica determinada con las normas jurídicas de dos o más estados. Los elementos o puntos de conexión se refiera situaciones reales integrante de la relación jurídica con elementos extranjeros. Las reglas para la solución de los conflictos de leyes deben contar de dos partes: la primera que contiene el presupuesto que le sirve de fundamento y la segunda, que señala la ley a la cual estará conectado o referido Doctrinas en materia de Conflictos de Leyes: Cuando se habla de la doctrina en materia de conflictos de leyes es denominado modernos para diferéncialos de las antiguas, se piensa en las doctrinas cuyos representante se las ubica históricamente en los siglos XIX y XX razones: alcance especial, naturaleza de los conflictos a resolver por los doctrinarios. La doctrina moderna sobre la materia de conflictos de leyese ha formado simultáneamente. Si se analiza las operaciones de los representantes.

  • 1. la escritura de la personalidad Del Derecho.

  • 2. la escuela de la territorialidad.

  • 3. la escuela intermedia que establece un equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad.

Escuela de la personalidad. La otra Manina: A Manani se le atribuye su origen se inspiro debido a las circunstancias políticas que le toco vivir busca poner como fundamento de derecho internacional la nacionalidad, al igual que funda la existencia del estado estas con concebidas para la nación italiana y en razón de su costumbre y de su temperamento. La personalidad del derecho se impone al mismo título que el respeto de la nacionalidad en derecho interno.

Manina: considera que las leyes son nacionales.

Teoría de Pellet se expresa en cuanto a su imperio de su legislación mediante dos rasgos característicos que le son inherentes: la permanencia de manera constante y la generalidad a todas y todas las relaciones enmarcada en el territorio de un estado pero si la ley conserva estos dos rasgos se hace imposible la solución de los conflictos.

Teoría de savigny: estudiara el campo de la solución de la ley en el espacio y que aborda el problema de los conflictos de leyes. Este rompe con la clasificación de las leyes en personales y reales para ajustar cada institución a la ley conveniente según su naturaleza. Según este autor, la ley que debe regir las relaciones no debe ser la que convenga al interés de los estados individualmente sino la que mayor corresponda a la naturaleza de la relación jurídica. Parte savigny de la idea de la existencia de una comunidad de derecho, de una conciencia común entre los diversos pueblos. El principio esencial de la teoría de savigny consiste en el análisis y la localización de la naturaleza intima de la jurídica. Para determinar la ley aplicable al régimen de las obligaciones savigny recorre entre la distinción entre el elemento extrínseco de los actos: forma el intrínseco que comprende la valides; y casi como los efectos de la obligaciones. Sostiene en su Teoría.

  • 1. la admisión de una ley extranjera;

  • 2. la existencia de una comunidad de derecho entre distintos pueblos;

  • 3. .necesidad en caso de conflictos de leyes determinar el dominio del derecho común mas adecuado;

  • 4. distingue 2 derechos 1 el de persona y el 2 aplicable a cada relación jurídica en particular.

Reglas de Conflictos de Leyes del Derecho Positivo Dominicano: 1. La regla de conflicto es una norma de carácter bilateral.

2. La regla de conflicto es materia de consulta del favor o sea, debe consultar la regla de conflictos de su propio sistema nacional 3. Es un sistema de derecho internacional privado codificado permite la opción de aplicar la ley nacional a la ley extranjera.

4. Es formal, se limita por designar la norma jurídica competente o aplicable.

Se apoya en dos posiciones del Código civil Ej.: Art. 3 párrafo 2 A la ley DOM. Solamente están sometidos los inmuebles situados en la Rep. Dom.

Ley de autonomía en materia Contractual: Los actos y hechos jurídicos encuentran tres situaciones en derechos positivos.

  • 1. Los hechos jurídicos como los delitos, enriquecimiento sin causa se rigen por la ley del lugar son regidos donde estos se producen. Ley local, o sea, por la ley del lugar de comisión del delito o el acto ilícito.

  • 2. Los actos jurídicos son regidos en cuanto a su forma por la ley del lugar donde se ejecuta (locus regit actun ) se aplican tanto a los actos unilaterales (testamento) como los bilaterales (contratos) así como los actos extra patrimoniales como el matrimonio y los actos patrimoniales como la venta y la donación. Los actos jurídicos se rigen en cuanto al fondo por la ley personal o real competente, dependiendo de si la materia es extra patrimonial o real como tales contratos se rigen por la ley expresa o presumible designada por las partes, es llamada ley de autonomía.

Solución a los conflictos de Leyes en Orden Internacional: En la búsqueda de un fundamento a las soluciones a los problemas se ha destacado por autores del siglo pasado, que los conflictos de leyes constituyen conflictos entre estados o conflictos de soberanía, por lo tanto debemos acudir al derecho internacional público en la demanda de principios de soluciones del problema basándolos en los intereses respectivos de los Estados; pues los aportes de este derecho no logran suplantar la importancia de las leyes internas y la jurisprudencia. En este sentido los conflictos de leyes si los ve fundamentalmente como problema que conciernen estrictamente a las relaciones entre particulares o sea en la búsqueda de explicación a las soluciones para los conflictos de leyes recordamos que una relación de derecho privado supone dos sujetos, un objeto.

Diferentes Planteamientos en materia de Reenvío: Se plantea cuando se presenta un conflicto negativo entre Estado y hay que decir cuál es la ley competente.

Se clasifican en dos tipos:

  • De primer Grado o de retorno: Cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho del foro (es decir ida-vuelta)

  • De segundo grado: Cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se remite a otra de otro derecho extranjero diferente de los dos anteriores.

Caso Forgo. Ley de Forgo O sea, la admisión del reenvío en la jurisprudencia se inicia con el caso Forgo, a partir de la sentencia dictada sobre el mismo. En honor a Javier Forgo.

Desarrollo del Reenvío en nuestra Legislación: La oposición al reenvío es notable en la doctrina; en cambio, no menos acentuada es su aceptación en la jurisprudencia y la legislación de muchos Estados. La jurisprudencia francesa admitió el reenvío a partir del famoso forgo. Los tribunales Ingleses también van acogido el reenvío a partir del siglo XIX. La convención de la Haya del 1902 dice en su art. 1ro el derecho de contraer matrimonio se rige por la nacionalidad de cada uno de los contrayentes. El Código de Bustamante en su art. 7 dice dada Estado Contratante aplicara a los nacionales de las demás leyes de orden público interno de su domicilio o de su nacionalidad, según el sistema adoptado por el Estado que pertenezca.

El Reenvío en materia de Competencia Judicial: Si trata de determinar si los tribunales eran competentes para estatuir. La jurisprudencia nos proporciona. Ejemplo cuando la remisión trasciende los límites de la competencia legislativa. Competencia de la Lex Civiles Cause: Según esta la ley competente para regir la calificación debe ser la misma ley aplicable establecida en la regla de derecho internacional privado, conforme al derecho civil aplicable, si la ley aplicable es la ley extranjera, la calificación deberá efectuarse conforme a esta ley.

Conceptuar Orden Público según nuestra Doctrina: La noción de orden público se traduce en una limitación o la aplicación de la ley extranjera. El orden público del Derecho internacional Privado supone que existe un conflicto de ley que la norma de conflicto determinada la competencia de las normas jurídicas extranjera pero se dice no aplicar esta última por estar en oposición al orden público. Los antecedente de la noción de orden público se remontan, la excepción, es la no aplicación de la ley extranjera considerada competente. Su noción también es de su naturaleza variable y su visión temporal y especial, varia de un país a otro y en el tiempo para un mismo caso. También esta noción es aceptada por la doctrina Naturaleza jurídica de orden público:

  • 1. uno lo consideran como una medida excepcional para impedir la aplicación de la ley extranjera.

  • 2. La que le otorga la calificación de principio o de regla cuya competencia es estimada normal

Rasgo del Orden Público: Es de carácter incierto y difícilmente previsible. Pellet enumera 8 categorías de orden público:

  • 1. Las leyes de orden público. Los Constitucionales administrativos, las de nacionalidad.

  • 2. Las leyes referentes a la seguridad de las personas.

  • 3. Las leyes acerca de la propiedad.

  • 4. Las leyes de criterio público

  • 5. Leyes procesales de ineludibles competencia

  • 6. Las leyes fiscales.

  • 7. Las leyes morales.

Estado del Orden Público: Su finalidad es impedir la aplicación de la norma jurídica extranjera competente. Su noción es de carácter esencialmente nacional Orden Público en el Derecho Dominicano: Las normas jurídicas extranjera se reducen a uno misma expresión. se menciona en el Código Civil en el art. 6 según este las leyes que interesan al orden público no puede ser derogado por convenciones particulares art. 48 de la Constitución Dominicana (doctrina y jurisprudencia).

Según el Artículo 111, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Leyes de orden público. Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares.

Fraude a la Ley según nuestra Doctrina: Es la relación de un acto internacional, para evadir una disposición legal o un acto convencional, desconociendo un derecho ajeno o implicado perjuicio a un tercero. A luz del derecho civil: Es el acto jurídico que aun siendo considerado valido en si mismo, se otorga con el propósito de evadir la aplicación de una disposición legal.

En Derecho Internacional Privado: El fraude consiste en que una persona indebidamente logra colocarse en una situación mediante la cual se permite invocar las ventajas que le ofrece una ley extranjera que no es la que normalmente le corresponde. Objetivo de la persona fraudulenta, evadir la aplicación para si de determinada disposición de su propia legislación acogiéndose a disposiciones de una legislación extranjera que le son más beneficiosas. Está vinculada al orden público y es de origen reciente. Lo que se persigue con la noción del fraude a la ley del Derecho Internacional Privado sancionar lo que las personas han obtenido fraudulentamente. Importancia de los términos fraude a la ley y Orden Público para la aplicación de Leyes Extranjeras. El fraude a la ley no es más que un caso particular de orden público, porque la particularidad consiste en que la perturbación social que causaría la aplicación de la ley extranjera ha sido provocada artificialmente por los interesados. La prohibición del fraude a la ley contiene en juicio de valor respecto a la conducta de las partes miembros que el orden público es concerniente al derecho extranjero.

Divergencias de las Naciones del Orden Público en Derecho Interno y Derecho Internacional: En el orden interno o relativo es el conjunto de reglas que imponen únicamente a los nacionales. En cambio en el orden público internacional no hace distinción de la nacionalidad se imponen a todas las nacionales y extranjeros. La primera puede ser derogado por las disposiciones de la ley extranjera; la aplicación del derecho extranjero. En derecho interno una ley es considerada de orden público cuando las personas no pueden derogar esas disposiciones por convenciones particulares en el derecho internacional privado una el y tiene un carácter cuando la misma se opone a la aplicación de una ley extranjera.

Efectos del Orden Público: Su efecto es impedir la aplicación de la norma jurídica extranjera competente, al dejar de aplicar este último, por considerar perjudicial a los intereses generales de una comunidad estatal el efecto de este es obviamente negativa. Pero los efectos varían de la adquisición del derecho en el país donde de invoca el orden público. Elementos del Fraude a la Ley. Las contradicciones para poner en práctica la noción del fraude a la ley implican.

  • 1. La utilización voluntaria a las reglas del conflicto

  • 2. La intención de evadir la norma jurídica material

  • 3. Obtención de resultados ilícitos.

¿Puede un extranjero ocupar el cargo de Cónsul Dominicano en otro País? No Analizar el régimen matrimonial de los extranjeros en República Dominicana. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio al consentimiento o consejo paternos a los impedimentos y a su despensa. Los extranjeros deben acreditarles de casarse que han llegado las condiciones exigidas por sus leyes personales podrán justificarlos mediante certificación de sus funciones de diplomáticas o agentes consulares o por otros mediosestime suficientes la autoridad local que tendrá en todo caso completa libertad de aplicación. Se tendrá en todas partes como valido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en lo que establezca como eficaz las leyes del país que se efectué, sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar.

¿Qué institución nombra los embajadores y Cónsules de República Dominicana en otros países? El Poder Ejecutivo, pero es la cámara de Senadores, del congreso Nacional Dominicano, quien lo ratifica, o lo desaprueba.

Según el Artículo 80, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que: Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula; 2) Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República; 3) Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; 4) Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía; 7) Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. Según el Artículo 26, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial; 3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional; 4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones; 5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración; 6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad.

Según el Artículo 220, de la Constitución Dominicana (26/01/2010), dice que la Sujeción al ordenamiento jurídico. En todo contratodel Estado y de las personas de Derecho Público con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de éstas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República. Sin embargo, el Estado y las demás personas de Derecho Público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a jurisdicciones constituidas en virtud de tratados internacionales vigentes. Pueden también someterlas a arbitraje nacional e internacional, de conformidad con la ley.

Bibliografía

  • ARIAS NUÑEZ DR. LUIS: MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, (1998).

  • ENCICLOPEDIA ENCARTA: DERECHO INT. PRIVADO, (2014).

Anexo: código de derecho internacional privado (codigo de Bustamante):

Código de Derecho Internacional Privado Convención de Derecho Internacional Privado  

Título Preliminar

REGLAS GENERALES: Artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero.   Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos.   Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado.

  Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.   Artículo 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario.   Artículo 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3o.   Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior.   Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.  

Libro primero derecho civil internacional

Título Primero DE LAS PERSONAS

Capítulo I NACIONALIDAD Y NATURALIZACION:

Artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo.   Artículo 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate.   Artículo 11. A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador.   Artículo 12. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.   Artículo 13. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán siempre preferentes.   Artículo 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida.   Artículo 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra.  Artículo 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe.  Artículo 17. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.   Artículo 18. Las sociedades civiles mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal.   Artículo 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo.   Artículo 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva. Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas.   Artículo 21. Las disposiciones del artículo 9° en cuanto se refieran a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas.

Capítulo II DOMICILIO: Artículo 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial.   Artículo 23. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional.  Artículo 24. El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados bajo su guardia, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro. Artículo 25. Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal, si fuere el de uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio.   Artículo 26. Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia o en donde se encuentren.  

Capítulo III NACIMIENTO, EXTINCION Y CONSECUENCIAS DE LA PERSONALIDAD CIVIL Sección I De las Personas Individuales: Artículo 27. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local.   Artículo 28. Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples.   Artículo 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba, se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión.   Artículo 30. Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones.  

Sección II De las Personas Jurídicas: Artículo 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.   Artículo 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.   Artículo 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones.   Artículo 34. Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.   Artículo 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en el derecho vigente respecto de las sociedades.  

Capítulo IV DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO Sección I Condiciones Jurídicas que han de preceder a la Celebración del Matrimonio: Artículo 36. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa.   Artículo 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación.   Artículo 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.  Artículo 39. Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso.   Artículo 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.

Sección II De la Forma del Matrimonio: Artículo 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma.   Artículo 42. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta.  

Sección III Efectos del Matrimonio en cuanto a las Personas de los Cónyuges: Artículo 43. Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio.  Artículo 44. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Artículo 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.   Artículo 46. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo.  

Sección IV Nulidad del Matrimonio y sus Efectos:  Artículo 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive.   Artículo 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración.   Artículo 49. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres.   Artículo 50. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial.   Artículo 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad.  

Sección V Separación de Cuerpos y Divorcio:  Artículo 52. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges.   Artículo 53. Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal.   Artículo 54. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges.   Artículo 55. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos.   Artículo 56. La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo 53.  

Capítulo V PATERNIDAD Y FILIACION: Artículo 57. Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo.

  Artículo 58. Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos sucesorios.  Artículo 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos.   Artículo 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas.   Artículo 61. La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional.   Artículo 62. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo.   Artículo 63. La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial.

  Artículo 64. Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad.   Artículo 65. Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres ilegítimos.   Artículo 66. La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan al derecho territorial.  

Capítulo VI ALIMENTOS ENTRE PARIENTES: Artículo 67. Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho.   Artículo 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho.  

Capítulo VII PATRIA POTESTAD: Artículo 69. Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar.

Artículo 70. La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten también a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.   Artículo 71. Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio extranjero sin perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantías hipotecarias.   Artículo 72. Son de orden público internacional las disposiciones que determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, así como las que lo priven de la potestad por incapacidad, ausencia o sentencia.  

Capítulo VIII ADOPCION: Artículo 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados.   Artículo 74. Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante.   Artículo 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las prescripciones de su ley personal.   Artículo 76. Son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes.   Artículo 77. Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se aplicarán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción.

Capítulo IX DE LA AUSENCIA: Artículo 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional.   Artículo 79. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal.   Artículo 80. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores.  Artículo 81. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del ausente, así como a la obligación y forma de rendir cuentas.   Artículo 82. Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley personal.   Artículo 83. La declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los administradores.

Capítulo X TUTELA: Artículo 84. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies.

  Artículo 85. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor.   Artículo 86. A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y protutela deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o incapacitado.   Artículo 87. El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberá constituirse en la forma prevenida por la ley local.   Artículo 88. Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales.   Artículo 89. En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado.   Artículo 90. Son de orden público internacional los preceptos que obligan al Ministerio Público o a cualquier funcionario local, a solicitar la declaración de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa declaración.   Artículo 91. Son también de orden público internacional las reglas que establecen las consecuencias de la interdicción.   Artículo 92. La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales.   Artículo 93. Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo moderadamente.  Artículo 94. La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se regula por la ley personal del interesado.   Artículo 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela.   Artículo 96. En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia deberán ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en que se reúna.  Artículo 97. Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio podrán exigir, cuando cambie el de los incapaces de un país para otro, que se ratifique o se discierna de nuevo la tutela o curatela.  

Capítulo XI DE LA PRODIGALIDAD: Artículo 98. La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley personal del pródigo.   Artículo 99. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la ley del domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho nacional desconozca esta institución.   Artículo 100. La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el derecho local lo permita.  

Capítulo XII EMANCIPACION Y MAYOR EDAD: Artículo 101. Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las establecidas por la legislación personal del interesado.   Artículo 102. Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación.

Capítulo XIII DEL REGISTRO CIVIL Artículo 103. Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos. Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas sometidas al Derecho internacional Público.   Artículo 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado.

Título Segundo DE LOS BIENES Capítulo I CLASIFICACION DE LOS BIENES:  Artículo 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal.   Artículo 107. La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor. Artículo 108. La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente.   Artículo 109. Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.   Artículo 110. A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor.   Artículo 111. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto.   Artículo 112. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

  Artículo 113. A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes.

Capítulo II DE LA PROPIEDAD: Artículo 114. La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargos, se regula por la ley de la situación. Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita o regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos.

  Artículo 115. La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue.   Artículo 116. Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y la obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio público.   Artículo 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional.  

Capítulo III DE LA COMUNIDAD DE BIENES: Artículo 118. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad a falta de pacto en contrario.   Artículo 119. Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al derecho de pedir la división de la cosa común y a las formas y condiciones de su ejercicio. Artículo 120. Son de orden público internacional las disposiciones sobre deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse.

Capítulo IV DE LA POSESION: Artículo 121. La posesión y sus efectos se rigen por la ley local.   Artículo 122. Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos según su naturaleza.   Artículo 123. Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos.

Capítulo V DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACION: Artículo 124. Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente.   Artículo 125. Si se ha constituido por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente la ley del acto o la de la sucesión.   Artículo 126. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la establezca.   Artículo 127. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre usufructuario.   Artículo 128. Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que preste fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarios.

  Artículo 129. Son de orden público internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades.   Artículo 130. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que los establezcan.

Capítulo VI DE LAS SERVIDUMBRES: Artículo 131. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios dominante y sirviente.  Artículo 132. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten a la ley del acto o relación jurídica que las origina.   Artículo 133. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la comunidad de pastos en terrenos públicos y la redención del aprovechamiento de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están sujetas a la ley territorial.   Artículo 134. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en interés o por utilidad particular.   Artículo 135. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las de aguas, paso, medianería, luces y vistas, desagüe de edificios, y distancias y obras intermedias para construcciones y plantaciones.

Capítulo VII DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD: Artículo 136. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros.   Artículo 137. Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Código, y las ejecutorias a que de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa juzgada.  Artículo 138. Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las provincias o de los pueblos, son de orden público internacional.

  Artículo 139. La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de ciertas personas individuales, sólo será exigible cuando la ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bienes afectados por ella.   Título Tercero DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR

Capítulo I REGLA GENERAL: Artículo 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario.

Capítulo II DE LAS DONACIONES Artículo 141. Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de los contratos.   Artículo 142. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario la capacidad de cada uno de ellos.   Artículo 143. Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del donante, participarán de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Código para la sucesión testamentaria.

  Capítulo III DE LAS SUCESIONES EN GENERAL: Artículo 144. Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.   Artículo 145. Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.  

Capítulo IV DE LOS TESTAMENTOS: Artículo 146. La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador.  Artículo 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido.

  Artículo 148. Son de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo declaran acto personalísimo.

  Artículo 149. También son de orden público internacional las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude.   Artículo 150. Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden público internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado en el extranjero, y al militar y marítimo en los casos en que se otorgue fuera del país.

  Artículo 151. Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley local.  

Capítulo V DE LA HERENCIA: Artículo 152. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario.   Artículo 153. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales.   Artículo 154. La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador.

  Artículo 155. Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar.   Artículo 156. El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios, dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley.   Artículo 157. En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius se aplica el derecho local.   Artículo 158. Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede encinta, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación del lugar en que se encuentre.   Artículo 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.   Artículo 160. Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional.

  Artículo 161. La capacidad para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a la ley personal del heredero.   Artículo 162. El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor dependen de la ley personal del causante.   Artículo 163. A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantía de carácter real, podrán hacerla efectiva de acuerdo con la ley que rija esa garantía.  

Título Cuarto DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Capítulo I DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL;  Artículo 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial.  Artículo 165. Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido.   Artículo 166. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código.  Artículo 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan.   Artículo 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine.   Artículo 169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción, se rigen por la ley de la obligación de que se trata.   Artículo 170. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse.   Artículo 171. También se somete a la ley del lugar la determinación de quién debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago, así como su regulación.

  Artículo 172. La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma.   Artículo 173. La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado, si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba estará a cargo de quien la aduzca.

  Artículo 174. La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que la sentencia reúna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio, conforme al presente Código.

Capítulo II DE LOS CONTRATOS EN GENERAL: Artículo 175. Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto.   Artículo 176. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento.   Artículo 177. Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento.

  Artículo 178. Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio.   Artículo 179. Son de orden público internacional las disposiciones que se refieren a causa ilícita en los contratos.   Artículo 180. Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito.   Artículo 181. La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se determina por la ley personal del ausente o incapacitado. Artículo 182. Las demás causas de rescisión y su forma y efectos, se subordinan a la ley territorial.   Artículo 183. Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de que la causa de la nulidad dependa.  Artículo 184. La interpretación de los contratos debe efectuarse como regla general, de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 185 y 186 aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad.   Artículo 185. Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara.   Artículo 186. En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la celebración.  

Capítulo III DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASION DE MATRIMONIO: Artículo 187. Este contrato se rige por la ley personal común de los contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial. Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta de estipulación.

  Artículo 188. Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo.   Artículo 189. Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma solemne.   Artículo 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que no afecte el orden público internacional. Artículo 191. Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer. Artículo 192. Es de orden público internacional la regla que repudia la inalienabilidad de la dote.   Artículo 193. Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio.

Capítulo IV COMPRAVENTA, CESION DE CREDITO Y PERMUTA: Artículo 194. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a enajenación forzosa por utilidad pública.   Artículo 195. Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal.

Capítulo V ARRENDAMIENTO Artículo 196. En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada.   Artículo 197. Es de orden público internacional, en el arrendamiento de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo.   Artículo 198. También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del trabajador.   Artículo 199. Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las leyes y reglamentos locales especiales.  

Capítulo VI CENSOS: Artículo 200. Se aplica la ley territorial a la determinación del concepto y clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos se deriva.   Artículo 201. Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un reconocimiento cada cierto número de años y que prohíben la subenfiteusis.   Artículo 202. En el censo consignativo, es de orden público internacional la regla que prohíbe que el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.   Artículo 203. Tiene el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la finca acensuada.  

Capítulo VII SOCIEDAD: Artículo 204. Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles.  

Capítulo VIII PRESTAMO Artículo 205. Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de intereses y a su tasa.  

Capítulo IX DEPOSITO Artículo 206. Son territoriales las disposiciones referentes al depósito necesario y al secuestro.  

Capítulo X CONTRATOS ALEATORIOS: Artículo 207. Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan por la ley personal del interesado.

  Artículo 208. La ley local define los contratos de suerte y determina el juego y la apuesta permitidos o prohibidos.   Artículo 209. Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable.

Capítulo XI TRANSACCIONES Y COMPROMISOS: Artículo 210. Son territoriales las disposiciones que prohíben transigir o sujetar a compromiso determinadas materias.   Artículo 211. La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa juzgada de la transacción, dependen también de la ley territorial.

Capítulo XII DE LA FIANZA: Artículo 212. Es de orden público internacional la regla que prohíbe al fiador obligarse a más que el deudor principal.   Artículo 213. Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la fianza legal o judicial.

Capítulo XIII PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS: Artículo 214. Es territorial la disposición que prohíbe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en prenda o hipoteca. Artículo 215. Lo son también los preceptos que señalan los requisitos esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa pignorada se traslade a un lugar donde sean distintos de los exigidos al constituirlo.   Artículo 216. Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere para perjudicar a extraños que conste por instrumento público la certeza de la fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación.   Artículo 217. Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y establecimientos públicos análogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con ellos se realicen.  Artículo 218. Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca.   Artículo 219. Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda.  

Capítulo XIV CUASICONTRATOS: Artículo 220. La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en que se efectúa.   Artículo 221. El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago. Artículo 222. Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine.

Capítulo XV CONCURRENCIA Y PRELACION DE CREDITOS: Artículo 223. Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación.

  Artículo 224. Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía.   Artículo 225. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe aplicarse a la prelación de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla.

  Artículo 226. Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de Estados diversos, se resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga realmente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse efectiva la prelación.

Capítulo XVI PRESCRIPCION: Artículo 227. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que estén situados.   Artículo 228. Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que requiera.   Artículo 229. La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté sujeta la obligación que va a extinguirse.   Artículo 230. La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar en que esté situada la cosa a que se refiera.   Artículo 231. Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción se aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse allí el término señalado para prescribir.   

Libro segundo derecho mercantil internacional

Título Primero DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL

Capítulo I DE LOS COMERCIANTES: Artículo 232. La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado.   Artículo 233. A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su habilitación.   Artículo 234. La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas.   Artículo 235. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores.   Artículo 236. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del mismo.   Artículo 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio.   Artículo 238. El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros.

Capítulo II DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTES Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO: Artículo 239. Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercido la industria de que se trate.   Artículo 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial.

Capítulo III DEL REGISTRO MERCANTIL: Artículo 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras.

  Artículo 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros. «

Capítulo IV LUGARES Y CASAS DE CONTRATACION MERCANTIL Y COTIZACION OFICIAL DE EFECTOS PUBLICOS Y DOCUMENTOS DE CREDITO AL PORTADOR: Artículo 243. Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador, son de orden público internacional.  

Capítulo V DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS DE COMERCIO: Artículo 244. Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código.   Artículo 245. Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes.   Artículo 246. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos.  

Título Segundo DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO

Capítulo I DE LAS COMPAÑIAS MERCANTILES: Artículo 247. El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio comercial. Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio.

Artículo 248. El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva. Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles tendrá uno u otro carácter según que esté o no inscrita en el Registro mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro mercantil se aplicará el derecho local de este último país.   Artículo 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo rija.   Artículo 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros, se someten a la ley territorial.   Artículo 251. Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones.   Artículo 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho territorial.   Artículo 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañías de almacenes generales de depósitos y otras análogas.

Capítulo II DE LA COMISION MERCANTIL: Artículo 254. Son de orden público internacional las prescripciones relativas a la forma de la ventaurgente por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas en que la comisión consista.   Artículo 255. Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio mercantil del mandante.

Capítulo III DEL DEPOSITO Y PRESTAMO MERCANTILES: Artículo 256. Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la ley del lugar del depósito.   Artículo 257. La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público internacional.   Artículo 258. Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente colegiado o funcionario oficial.

Capítulo IV DEL TRANSPORTE TERRESTRE: Artículo 259. En los casos de transporte internacional no hay más que un contrato, regido por la ley que le corresponda según su naturaleza.   Artículo 260. Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y no previstos en el mismo, se rigen por la ley del lugar en que se produzcan los hechos que las originen.

Capítulo V DE LOS CONTRATOS DE SEGURO: Artículo 261. El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada.   Artículo 262. Los demás contratos de seguro siguen la regla general, regulándose por la ley personal común de las partes o en su defecto por la del lugar de la celebración; pero las formalidades externas para comprobar hechos u omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzca el hecho o la omisión que les hace surgir.

Capítulo VI DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES ANALOGOS: Artículo 263. La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

  Artículo 264. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira.   Artículo 265. En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación.

  Artículo 266. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante y endosatario, dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada.   Artículo 267. La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el tomador.

  Artículo 268. El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.   Artículo 269. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero interviene.   Artículo 270. Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto, se someten a la ley local.   Artículo 271. Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques.  

Capítulo VII DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO O EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE CREDITO Y EFECTOS AL PORTADOR:Artículo 272. Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efectos al portador son de orden público internacional.   Artículo 273. La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera otras que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago.  

Título Tercero DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO

Capítulo I DE LOS BUQUES Y AERONAVES: Artículo 274. La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo aparente.   Artículo 275. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave.   Artículo 276. A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada.   Artículo 277. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos.   Artículo 278. La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales aun en aquellos países cuya legislación no conozca o regule esa hipoteca o esos privilegios.   Artículo 279. Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos.   Artículo 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria, dependen de la ley territorial.   Artículo 281. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque, se sujetan a la ley del pabellón.   Artículo 282. Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves.   Artículo 283. Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y la tripulación.   Artículo 284. También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial.

Capítulo II DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO: Artículo 285. El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de salida de las mercancías. Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen.   Artículo 286. Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinan por la ley del pabellón.   Artículo 287. El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se efectúa.   Artículo 288. Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón.

  Artículo 289. El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se somete a la ley del pabellón si fuere común.   Artículo 290. En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del lugar.   Artículo 291. La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional.   Artículo 292. Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo.   Artículo 293. En su defecto, se regulará por el pabellón del buque o aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable.  Artículo 294. En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre naves o aeronaves de diferente pabellón, cada uno soportará la mitad de la suma total del daño, repartida según la ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley de la otra.   Título Cuarto DE LA PRESCRIPCION: Artículo 295. La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles, se ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de las acciones civiles.  

Libro tercero derecho penal internacional

Capítulo I DE LAS LEYES PENALES: Artículo 296. Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas en este capítulo.   Artículo 297. Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros Estados, que se encuentren en su territorio.   Artículo 298. Gozan de igual exención los Representantes diplomáticos de los Estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros, y las personas de la familia de los primeros, que vivan en su compañía.   Artículo 299. Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército de otro Estado contratante, salvo que no tengan relación legal con dicho ejército.   Artículo 300. La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de guerra.   Artículo 301. Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen relación alguna con el país y sus habitantes ni perturban su tranquilidad.   Artículo 302. Cuando los actos de que se componga un delito, se realicen en Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en su país, si constituye por sí solo un hecho punible. De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya consumado.

  Artículo 303. Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Estado contratante, sólo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su territorio. Artículo 304. Ningún Estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás.

Capítulo II DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO EXTRANJERO CONTRATANTE: Artículo 305. Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Estado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente.   Artículo 306. Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero domiciliado en él, que cometa en el extranjero un delito contra la independencia de ese Estado, queda sujeto a sus leyes penales.

  Artículo 307. También estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera del territorio un delito como la trata de blancas que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional.

Capítulo III DELITOS COMETIDOS FUERA DE TODO TERRITORIO NACIONAL: Artículo 308. La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en Estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales.   Artículo 309. En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima.  

Capítulo IV CUESTIONES VARIAS: Artículo 310. Para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se tendrá en cuenta la sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiere la legislación local.   Artículo 311. La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.  Artículo 312. La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su conocimiento.   Artículo 313. La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha impuesto.

Libro cuarto derecho procesal internacional

Título Primero PRINCIPIOS GENERALES: Artículo 314. La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones.

  Artículo 315. Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales para los miembros de los demás Estados contratantes.   Artículo 316. La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece.   Artículo 317. La competencia ratione materiae y ratione personae, en el orden de relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de éstas.

Título Segundo COMPETENCIA Capítulo I DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL: Artículo 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienesinmuebles, si la prohíbe la ley de su situación.   Artículo 319. La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.   Artículo 320. En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel a quien esté subordinado, según las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia.   Artículo 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan.   Artículo 322. Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía.

  Artículo 323. Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia.   Artículo 324. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles será competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto el de la residencia del demandado.   Artículo 325. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes.   Artículo 326. Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores hubiere bienes situados en más de un Estado contratante podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohíba para los inmuebles la ley de la situación.   Artículo 327. En los juicios de testamentaría o ab intestato será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio.   Artículo 328. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el de su domicilio.   Artículo 329. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores, lo reclamasen. Artículo 330. Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los motive.  Artículo 331. Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los origine.

  Artículo 332. Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces se ajustará a su derecho nacional.

Capítulo II EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y EN LO MERCANTIL: Artículo 333. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o de demandas reconvencionales.

  Artículo 334. En el mismo caso y con la propia excepción, serán incompetentes cuando se ejerciten acciones reales, si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales y en su carácter público, debiendo aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318.   Artículo 335. Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como particulares o personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones reales o mixtas, si esta competencia les corresponde conforme a este Código.

  Artículo 336. La regla del artículo anterior será aplicable a los juicios universales sea cual fuere el carácter con que en ellos actúen el Estado extranjero contratante o su Jefe.   Artículo 337. Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán a los funcionarios diplomáticos extranjeros y a los comandantes de buques o aeronaves de guerra.   Artículo 338. Los cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia de los jueces y tribunales civiles del país en que actúen, sino para sus actos oficiales.   Artículo 339. En ningún caso podrán adoptar los jueces o tribunales medidas coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia diplomática o consular, sin el consentimiento de los respectivos funcionarios diplomáticos o consulares.  

Capítulo III REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO PENAL: Artículo 340. Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido.   Artículo 341. La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de este Código.   Artículo 342. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad.

Capítulo IV EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL: Artículo 343. No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo Estado.

Título Tercero DE LA EXTRADICION: Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición.   Artículo 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo.   Artículo 346. Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena.   Artículo 347. Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido.  Artículo 348. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido.

  Artículo 349. Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si fuere uno de los solicitantes.

  Artículo 350. Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes anteriores a este Código, a establecerla de un modo distinto.

  Artículo 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Código.   Artículo 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o encubridores de delito.   Artículo 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.   Artículo 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados, según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad.  Artículo 355. Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, según la calificación del Estado requerido.   Artículo 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político, según la misma calificación.   Artículo 357. No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona que en él ejerza autoridad.   Artículo 358. No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente de juicio, en el territorio del Estado requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.   Artículo 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido.  Artículo 360. La legislación del Estado requerido posterior al delito, no podrá impedir la extradición.   Artículo 361. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o aeronave de su país, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas.

  Artículo 362. Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad local correspondiente, dejándole además copia auténtica, los registros del buque o aeronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en que la solicitud se funde.   Artículo 363. En los países limítrofes podrán pactarse reglas especiales para la extradición en las regiones o localidades de la frontera.   Artículo 364. La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los funcionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requirente.   Artículo 365. Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse: 1. Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un documento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante la jurisdicción represiva, acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate. 2. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo. 3. Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuida en él al inculpado y precisen la pena aplicable.   Artículo 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad.   Artículo 367. Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesto también en libertad.

  Artículo 368. El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud de extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Código.   Artículo 369. También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los recursos legales que procedan, en el Estado que pida la extradición, contra las calificaciones y resoluciones en que se funde.   Artículo 370. La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya piezas que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto fuere practicable con arreglo a las leyes del Estado que la efectúa, y respetando debidamente los derechos de tercero.   Artículo 371. La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, podrá hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el detenido muera o se evada antes de efectuarla.   Artículo 372. Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado requirente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren los empleados públicos con sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición.   Artículo 373. El importe de los servicios prestados por empleados públicos u oficiales que sólo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios según las leyes del país en que residan.   Artículo 374. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisional, será de cargo del Estado que la solicite.   Artículo 375. El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el territorio de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición del ejemplar original o de una copia auténtica del documento que concede la extradición.   Artículo 376. El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere luego absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia auténtica del fallo.   Artículo 377. La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del que hubiere motivado la extradición y cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que permanezca el extraditado libre en los primeros tres meses después de juzgado y absuelto por el delito que originó la extradición o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.   Artículo 378. En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradición.   Artículo 379. Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se computará como tal el tiempo transcurrido desde la detención del extraditado en el Estado a quien se le haya pedido.

  Artículo 380. El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no presentase la solicitud de extradición en un plazo razonable dentro del menor tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunicaciones postales entre los dos países, después del arresto provisional.  Artículo 381. Negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito.

Título Cuarto DEL DERECHO DE COMPARECER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES: Artículo 382. Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada uno de los otros del beneficio de defensa por pobre, en las mismas condiciones que los naturales.

Artículo 383. No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio.   Artículo 384. Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante podrán ejercitar en los demás la acción pública en materia penal, en iguales condiciones que los nacionales.   Artículo 385. Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para querellarse por acción privada, en los casos en que no se exija a los nacionales.   Artículo 386. Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los nacionales de otro la caución judici sisti o el onus probandi, en los casos en que no se exijan a sus propios naturales.   Artículo 387. No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel segura ni otras medidas procesales de índole análoga, respecto de los nacionales de los Estados contratantes, por su sola condición de extranjeros.

Título Quinto EXHORTOS O COMISIONES ROGATORIAS: Artículo 388. Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro, se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática. Sin embargo, los Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre sí en materia civil o criminal cualquier otra forma de transmisión.   Artículo 389. Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de la jurisdicción del juez exhortado.   Artículo 390. El juez exhortado resolverá sobre su propia competencia ratione materiae para el acto que se le encarga.   Artículo 391. El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a la suya propia.   Artículo 392. El exhorto será redactado en la lengua del Estado exhortante y será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, debidamente certificada por intérprete juramentado.   Artículo 393. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias de naturaleza privada deberán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen.  

Título Sexto EXCEPCIONES QUE TIENEN CARACTER INTERNACIONAL: Artículo 394. La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada.   Artículo 395. En asuntos penales no podrá alegarse la excepción de litis pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante.   Artículo 396. La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro Estado contratante, sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este Código.   Artículo 397. En todos los Casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos.  

Título Séptimo DE LA PRUEBA Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA: Artículo 398. La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio civil o mercantil, determina a quién incumbe la prueba.

  Artículo 399. Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el juicio. Artículo 400. La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo.

  Artículo 401. La apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador.   Artículo 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza; 2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal; 3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos; 4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.   Artículo 403. La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.   Artículo 404. La capacidad de los testigos y su recusación dependen de la ley a que se someta la relación de derecho objeto del juicio.   Artículo 405. La forma del juramento se ajustará a la ley del juez o tribunal ante quien se preste y su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura.   Artículo 406. Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la ley del lugar en que se realiza el hecho de que nacen.   Artículo 407. La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal.

Capítulo II REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PRUEBA DE LEYES EXTRANJERAS: Artículo 408. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere.

  Artículo 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada.   Artículo 410. A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable.

  Artículo 411. Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en el más breve plazo posible, la información a que el artículo anterior se refiere y que deberá proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia.  

Título Octavo DEL RECURSO DE CASACION: Artículo 412. En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional.

  Artículo 413. Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas en el capítulo segundo del título anterior, aunque el juez o tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas.   

Título Noveno DE LA QUIEBRA O CONCURSO

Capítulo I UNIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO: Artículo 414. Si el deudor concordatario concursado o quebrado no tiene más que un domicilio civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de procedimientos preventivos de concurso o quiebra, o una suspensión de pagos o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en los Estados contratantes.   Artículo 415. Si una misma persona o sociedad tuviere en más de un Estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados económicamente, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebra como establecimientos mercantiles.  

Capítulo II UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO, Y SUS EFECTOS: Artículo 416. La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los Estados contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.   Artículo 417. El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de los Estados contratantes, se ejecutará en los otros en los casos y forma establecidos en este Código para las resoluciones judiciales; pero producirá, desde que quede firme y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, los efectos de cosa juzgada.   Artículo 418. Las facultades y funciones de los síndicos nombrados en uno de los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código, tendrán efecto extraterritorial en los demás, sin necesidad de trámite alguno local.   Artículo 419. El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y la anulación de ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determinarán por la ley de los mismos y serán aplicables en el territorio de los demás Estados contratantes.   Artículo 420. Las acciones reales y los derechos de la misma índole continuarán sujetos no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que afecten y a la competencia de los jueces del lugar en que éstas se encuentren.

Capítulo III DEL CONVENIO Y LA REHABILITACION: Artículo 421. El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados contratantes, salvo el derecho de los acreedores por acción real que no lo hubiesen aceptado.   Artículo 422. La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia extraterritorial en los demás Estados contratantes, desde que quede firme la resolución judicial en que se disponga, y conforme a sus términos.

Título Décimo EJECUCION DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

Capítulo I MATERIA CIVIL: Artículo 423. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones: 1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; 2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; 3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse; 4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado; 6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.

  Artículo 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior.

  Artículo 425. Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior se refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.   Artículo 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público.   Artículo 427. La citación de la parte a quien deba oírse, se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido.   Artículo 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado.   Artículo 429. Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado.   Artículo 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.   Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.   Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores, se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite.   Artículo 433. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional, que se refieran a personas e intereses privados.

Capítulo II ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA: Artículo 434. Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agentes consulares se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma señalados en el capítulo anterior.   Artículo 435. Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen las condiciones exigidas por este código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial.

Capítulo III MATERIA PENAL: Artículo 436. Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan.

  Artículo 437. Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal competente según este Código, y con audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el Capítulo I de este Título establece.  

 

 

Autor:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

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Twitter: [arroba]yuniorcastillos Santiago de los Caballeros,

República Dominicana, 2014.

Resumen del derecho internacional privado